Observatorio Latino

Nuestros Lectores Escriben 17/03/2008

Nos Escriben

Colombia: Cual es la perspectiva del Ministerio de la Protección Social (MPS) respecto de la Prevención? COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA.

Por: Juan Simbaqueba y Jorge Pacheco (Colombia)

Colombia: Cual es la perspectiva del Ministerio de la Protección Social (MPS) respecto de la Prevención?

Bogotá, marzo 6 de 2008

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA:

La Red Colombia de Personas Viviendo con VIH RECOLVIH y la mesa de ONGs con trabajo en VIH de Bogotá trabajan de manera conjunta y sistemática por el mejoramiento de la calidad de vida de las personas viviendo con VIH/SIDA (PVVS), sus familias y neofamilias, lo mismo que sus contextos de interacción a través de procesos de incidencia política, asistencia y servicios sociales, intercambio de experiencias, prevención integral, educación en VIH/SIDA, todas ellas enmarcadas en el contexto de la defensa y protección de los Derechos Humanos.
Desde este marco, la RECOLVIH Y LA MESA DE ONG CON TRABAJO EN VIH, DENUNCIAN e INVITAN a la sociedad civil en general y sus organizaciones a reflexionar sobre el tema de derechos humanos, derecho a la confidencialidad y la perspectiva de prevención del Ministerio de la Protección Social (MPS) Colombiano.
En el marco del Foro de Socios del Fondo Mundial de Lucha contra la Tuberculosis, Malaria y VIH/Sida, realizado en Bogotá durante el mes de octubre del año pasado, nuestro Ministro de Protección Social se dirigió a la opinión pública y a los medios de comunicación afirmando que los condones se iban a incluir dentro del Plan Obligatorio de Salud (POS), reconociendo que además esto dependería de un “estudio de factibilidad” que se adelantaba dentro del MPS.
Según nota publicada por el tiempo el día 5 de marzo de 2008 “Ya se pueden reclamar anticonceptivos incluidos en el POS; condones siguen restringidos”. Esta nota señalaba que el MPS acababa de reglamentar la distribución de anticonceptivos, además de los condones. La Doctora Blanca Elvira Cajigas, Vice-Ministra de Salud aclaro que “Solamente los recibirán parejas con diagnósticos confirmados de VIH sida, hepatitis B, hepatitis C e infecciones de transmisión sexual; basta el diagnóstico en uno de los dos.” (Referida a la Resolución 769 de 2008)
Después de estas declaraciones nos quedan algunas inquietudes y muchísima indignación:
Una de las primeras preguntas que queremos hacer es: ¿Cuál es la perspectiva de prevención del Ministerio? o ¿qué entienden por ella?
Según el decreto 3039 de 2007 por el cual se reglamenta el Plan Nacional de Salud Pública, entre los propósitos están:
1. Mejorar el estado de salud de la población Colombiana.
2. Evitar la progresión y los desenlaces adversos de la enfermedad.
4. Disminuir las inequidades en salud de la población Colombiana.
Consideramos que los preservativos deben estar a disposición de todos los usuarios de los servicios de salud, más cuando nuestro país es uno de los países latinoamericanos donde el precio de los preservativos es más alto al público. Definitivamente con una medida tan restrictiva no se va alcanzar la mejora en la salud general del pueblo colombiano.
Evitar la progresión de la epidemia en un país que se acerca peligrosamente al 1% de prevalencia en población general, no se consigue con la restricción de los preservativos a una minoría como las personas que viven con VIH atendidas por el sistema de salud. Adicionalmente medidas como estas aumentan las inequidades de acceso a salud y servicios que ya están suficientemente marcadas. Nos preguntamos, ¿por qué sólo la entrega a través del POS de condones cubre a las personas con una enfermedad de transmisión sexual, entre ellas el VIH/SIDA, y no a los jóvenes por ejemplo? ¿O las mujeres en general? ¿Sólo tienen derecho a cuidar su cuerpo las personas ya infectadas?
Por otra parte ¿Pensó el Ministerio en el estigma y la discriminación que dicha medida genera para las personas que viven con VIH?
Entendemos que el estigma y la discriminación se convierten en las resistencias más fuertes frente a la epidemia del VIH/SIDA y en los síntomas más dolorosos y de más difícil erradicación. Es importante por ello tener en cuenta que una política pública en salud debe propender por eliminar seriamente estas dificultades, y no en preservarlas como lo hace ésta medida. Imaginemos una persona viviendo con VIH que cuando reclama sus medicamentos, de por sí ya una situación difícil de sobrellevar, sale además con una tira de 10 condones. Todo el mundo va a saber que es una persona que vive con el virus y posiblemente ésta no quiera su conocimiento público.
Las personas que viven con VIH, debido al desconocimiento y desinterés de la sociedad en general y a las historias de vida particulares, se encuentran constantemente es situación de vulnerabilidad y acciones de este tipo contribuyen ha aumentarla.
Las comunidades informadas, preparadas y organizadas evitan caer en acciones discriminatorias y estigmatizantes. Se rechaza precisamente lo que no se conoce y se percibe como amenaza. En cuanto la gente se sienta formada e informada sobre las situaciones, las deja de percibir como amenaza y tal vez logre identificar razones para respetar y valorar los procesos del Otro. Así mismo, la formación permanente del sistema de salud, y el compromiso constante del gobierno en la generación de políticas públicas realmente incluyentes y equitativas contribuyen a la disminución de estos factores.
Finalmente, comprendemos que el derecho a la salud es un derecho de tipo prestacional que se convierte en fundamental cuando su desconocimiento afecta y somete a riesgo a otro derecho fundamental, para el caso de las PVVS la VIDA es el derecho que se compromete en la mayoría de los casos.
El gobierno, en cabeza del MPS, ha concedido sistemáticamente en la administración de los servicios de salud, atribuciones a organizaciones privadas. Es un sistema de seguridad social en salud altamente privatizado y excluyente donde no hay control en la prestación del servicio por parte del gobierno, y donde las aseguradoras deciden sus acciones sin tener en cuenta lo que la salud pública y la salud colectiva demandan y recomiendan. En este país la salud no es un derecho, sino un producto más del mercado. La resolución 769 de 2008 es un ejemplo más de que son las EPS las que deciden a quien se entrega o no determinados bienes y servicios en salud y no nuestra entidad regulatoria.
La lucha contra la epidemia del VIH es un compromiso tejido constantemente por las organizaciones del estado, las agencias de cooperación internacionales y las organizaciones de la sociedad civil. Es tiempo de reconocer y comprometer energías para consolidar los procesos y valorar en su justa medida las acciones preventivas como acciones de vida.
Solidariamente,
JUAN SIMBAQUEBA VARGAS
Representante ante el MCP por RECOLVIH
Vicepresidente MCP Colombia